Con el Decreto 0865/26, el Gobierno provincial rechazó de plano la decisión tomada por los legisladores el pasado 30 de abril y volvió a encender una pelea política que ya divide al oficialismo, tensiona las instituciones y amenaza con derivar en una nueva batalla judicial.
La medida representa un nuevo capítulo de una crisis que se profundiza día a día y que expone el nivel de confrontación que atraviesa la política fueguina, en un contexto social y económico cada vez más complejo para miles de familias de la provincia.
El Gobierno redobla la apuesta
El decreto firmado por Melella sostiene que la Legislatura no puede retroceder sobre la Ley Provincial 1529, mediante la cual se declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial y se habilitó el proceso para elegir convencionales constituyentes.
Según argumenta el Ejecutivo, el procedimiento ya se encuentra en marcha y con “efectos jurídicos plenamente operativos”, especialmente luego del dictado del Decreto Provincial 751/26 que convocó formalmente a elecciones.
En ese sentido, el Gobierno sostiene que la Legislatura agotó su facultad al declarar la necesidad de la reforma y que ahora no tiene potestad para frenar el proceso mediante una nueva ley.
El texto oficial advierte incluso que la decisión parlamentaria vulneraría principios constitucionales básicos como la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley y los derechos políticos de la ciudadanía.
Además, el Ejecutivo afirma que aceptar la suspensión del proceso constituyente implicaría “subordinar el ejercicio del poder constituyente derivado a mayorías legislativas circunstanciales”.
Una interna feroz y una provincia paralizada
Detrás de los argumentos jurídicos se esconde una pelea política de enorme magnitud que ya fractura alianzas, expone internas y genera incertidumbre institucional.
La reforma constitucional impulsada por Melella se transformó en uno de los temas más conflictivos de la agenda fueguina. Sectores opositores, dirigentes sindicales y parte de la sociedad cuestionan la prioridad política que el Gobierno le otorga a la reforma en medio de una provincia golpeada por la pérdida de empleo, la crisis industrial, el deterioro económico y el crecimiento de los conflictos sociales.
La decisión de la Legislatura de avanzar con la derogación de la ley que habilitaba la reforma había sido interpretada como un duro golpe político para el oficialismo. Sin embargo, el veto del Ejecutivo vuelve a dejar el escenario abierto y anticipa semanas de máxima tensión.
Ahora la disputa podría trasladarse nuevamente a la Justicia y profundizar aún más el desgaste institucional.
Una reforma rodeada de polémica
Desde el inicio, el proceso de reforma constitucional estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos políticos. La oposición acusa al oficialismo de impulsar cambios institucionales en un momento de extrema fragilidad económica y social.
El debate también quedó envuelto en sospechas sobre las verdaderas intenciones políticas detrás de la reforma y sobre la necesidad de avanzar con una discusión constitucional mientras la provincia enfrenta problemas urgentes vinculados al empleo, los salarios, el sistema de salud y la crisis energética.
En ese marco, el Gobierno decidió avanzar igual, sosteniendo que el proceso ya fue validado por el Superior Tribunal de Justicia y que no puede ser detenido por una mayoría legislativa posterior.
El conflicto recién empieza
El veto total dispuesto por Melella no cierra el conflicto: lo profundiza.
La Legislatura ahora deberá definir si insiste con la ley sancionada o si el oficialismo logra bloquear definitivamente el intento de frenar la reforma constitucional.
Mientras tanto, Tierra del Fuego queda atrapada en una nueva escalada política donde las disputas de poder parecen ocupar el centro de la escena, mientras crece el malestar social en una provincia golpeada por la incertidumbre económica, la caída del empleo y el desgaste de una dirigencia cada vez más alejada de las prioridades de la gente.
Los 5 argumentos más fuertes del Gobierno de Tierra del Fuego para rechazar la derogación de la reforma constitucional
- La reforma ya está en marcha y no puede frenarse
El Gobierno sostiene que el proceso constituyente ya fue activado formalmente con la convocatoria a elecciones de convencionales mediante el Decreto 751/26, por lo que la Legislatura no puede detenerlo después de iniciado. - La Legislatura ya agotó su facultad
El decreto afirma que al aprobar la Ley 1529, la Legislatura ya ejerció su competencia constitucional para declarar la necesidad de reforma y no puede volver atrás con otra ley posterior. - La derogación afectaría derechos políticos
Según el Ejecutivo, suspender el proceso ahora perjudicaría derechos constitucionales de la ciudadanía, como elegir y ser elegido en la elección de convencionales constituyentes. - Se violaría la seguridad jurídica
El Gobierno argumenta que la derogación tendría efectos retroactivos sobre actos administrativos ya válidos y firmes, afectando la estabilidad institucional y la previsibilidad democrática. - No se puede someter el proceso constituyente a mayorías circunstanciales
El decreto advierte que permitir que una nueva mayoría legislativa anule la reforma desnaturalizaría el mecanismo constitucional y dejaría el proceso constituyente sujeto a disputas políticas coyunturales.
