Un megaoperativo federal contra el tráfico ilegal de armas sacudió al país y alcanzó también a Tierra del Fuego, en el marco de una investigación que se extendió durante dos años y que logró desarticular una compleja organización criminal.
El procedimiento, encabezado por la Policía Federal Argentina a través del Departamento Investigaciones Antimafia, incluyó 133 allanamientos simultáneos en distintas provincias, ejecutados bajo 140 órdenes judiciales. Como resultado, se logró la detención de 35 personas vinculadas a la red delictiva.
Durante los operativos se secuestraron más de 100 armas de fuego, entre ellas 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 7 fusiles, 7 ametralladoras y una carabina. Además, se incautaron más de 40.000 municiones, granadas, pólvora y equipos para la recarga de proyectiles.
Según informaron fuentes oficiales, la organización operaba mediante la utilización de testaferros, quienes adquirían armas en el circuito legal para luego ser adulteradas —eliminando su numeración— y comercializadas en el mercado negro, tanto en Argentina como en países limítrofes. El circuito se completaba con maniobras de lavado de dinero.
La investigación también reveló la participación de actores clave como comerciantes del rubro, intermediarios en trámites de transferencia e instructores de tiro, quienes habrían facilitado la operatoria mediante certificaciones irregulares.
En este contexto, se ordenaron allanamientos en distintas jurisdicciones del país, incluyendo Tierra del Fuego, con el objetivo de desarticular las conexiones locales de la red. Las autoridades confirmaron que continúan abiertas al menos ocho líneas investigativas para identificar a otros involucrados.
El alcance federal de esta causa deja al descubierto la profundidad de las redes ilegales que operan incluso en provincias alejadas de los grandes centros urbanos. La presencia de ramificaciones en Tierra del Fuego vuelve a poner en discusión los controles sobre la circulación de armas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar que estas estructuras se consoliden en el extremo sur del país.
