Hasta el momento se registraron dos episodios y no hubo nuevos incidentes. Como medida preventiva, y con intervención de la fiscal Mariel Zárate, se dispuso presencia policial en la institución durante 60 días, con recorridas periódicas.

Desde la escuela también señalaron falencias en el control de accesos, especialmente en el turno tarde, aunque confirmaron avances en infraestructura: los equipos de calefacción ya fueron instalados y se prevé su funcionamiento en los próximos días.

Uno de los ejes centrales será el trabajo con las familias. La institución coordina encuentros junto a la fiscalía para concientizar sobre la gravedad de este tipo de amenazas y sus consecuencias legales. “Es fundamental que los padres participen”, subrayó Mercado.

El caso dejó en evidencia la reacción de una comunidad que, frente a la preocupación, busca fortalecer la convivencia con apoyo institucional y compromiso colectivo.