El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció este domingo una nueva jornada provincial de desobligaciones y movilización para este lunes 27 de abril, en el marco de la continuidad del conflicto salarial y de financiamiento educativo que mantiene con el Gobierno provincial.

La medida según difundieron desde el gremio alcanzará a todos los turnos y a las tres ciudades de la provincia, con distintas modalidades de protesta y concentración. En Ushuaia, desde la conducción sindical se convocó a la docencia a «desobligar y participar activamente del acampe» que se mantiene frente a los bloques legislativos, con el objetivo de “visibilizar el reclamo” y sostener espacios de debate y organización.

En Río Grande, la convocatoria contempla desobligaciones en los turnos mañana, tarde y jornada completa, con concentración frente al Ministerio de Educación, intersección de Elcano y Laserre. En tanto, para el turno vespertino se definieron desobligaciones internas.

Desde el Sindicato ratificaron las demandas por aumento salarial que garantice el Salario Mínimo, Vital y Móvil, ser convocados a paritarias, que se de sanción urgente de la Ley de Financiamiento Educativo y el pago del material didáctico.

OSEF

Incitaron por tanto a sostener la presión sobre el Gobierno para destrabar tanto la discusión salarial como los proyectos legislativos; además, es luego de que avanzara en comisión el proyecto de ley para la recuperación de la autarquía de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

En este sentido y según informó SUTEF, la propuesta comenzó a ser tratada en la Comisión N°1 de Legislación General de la Legislatura provincial y apunta a modificar estructuralmente el esquema de funcionamiento de la obra social, eliminando la figura del vicepresidente designado por el Poder Ejecutivo dentro del directorio.

A su vez la iniciativa establece que el presupuesto de la OSEF sea aprobado mediante una ley específica separada del presupuesto general de la provincia, con el objetivo de «resguardar sus recursos».

En cuanto a la incorporación de un mecanismo de transferencia automática de aportes y contribuciones, esto obligaría al Estado provincial a girar fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de incumplimiento, se aplicarían intereses y se habilitaría el inicio de acciones judiciales.

Desde el sindicato consideran que este punto constituye una forma de «intimación política e institucional» al Gobierno provincial, ante las demoras y desequilibrios financieros que afectan el funcionamiento de la obra social.