El documento reconoce la extrema gravedad de estos episodios, aunque también deja planteadas serias inconsistencias en el modo de abordarlos.

Uno de los puntos más sensibles de la circular indica expresamente “evitar la intervención de medios de comunicación”.

La instrucción abre interrogantes inmediatos, ya que sugiere una estrategia orientada a limitar la difusión pública de hechos que involucran riesgos para estudiantes, docentes y personal escolar.

En otras palabras, mientras se admite la gravedad de las amenazas, se intenta que la situación no trascienda.

La contradicción central aparece en otro tramo del texto oficial: toda amenaza que ponga en riesgo la integridad física debe ser considerada verosímil, sin análisis previo de credibilidad, y deben activarse de manera inmediata los mecanismos institucionales y externos correspondientes.

Es decir, para el propio Ministerio cada amenaza debe tomarse como potencialmente real.
Sin embargo, inmediatamente después el mismo documento aclara que no deben suspenderse automáticamente las clases, salvo indicación de autoridades competentes.

El contraste se da a partir considerar una amenaza de tiroteo debe tratarse como cierta, sin ponerla en duda, pero el Ministerio sostiene que se deben mantener las actividades de manera normal.