Este certificado echa por tierra el principal argumento de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para, 7 días después de la emisión del certificado, intervenir el puerto diciendo que no era seguro para las operaciones y que se veía en riesgo el interés público.

Cabe mencionar que en circunstancias extrañas como lo dice la tercer hoja del certificado, el original desapareció debiendo ser remplazado por un duplicado.

Es importante resaltar que la propia ANPyN puede operar el puerto gracias a que tienen en su poder, desde el 21 de enero (día de la intervención) este mismo certificado.

No hay que ser muy astuto para entender porque la prefectura nunca hizo llegar el documento a la DPP; se pretendió ocultar pruebas de que el puerto es seguro y no inseguro e inoperativo como lo que sostiene ANPyN.

De esta manera queda patente la complicidad de dos organismos nacionales (ANPYN y PNA) para que el estado nacional se quede con el control de un recurso estratégico de la provincia.

Este hecho sumado a que nunca se desvió del puerto ningún fondo respecto a la ley de Financiamiento de OSEF N°1596, deja cada vez más en evidencia que la intervención del puerto es ilegítima y no tiene ningún sustento más que un informe “técnico” realizado por la propia ANPyN como resultado de una simple y dudosa auditoría de unas pocas horas en la terminal.