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RADAR EN TOLHUIN – El Superior Tribunal de Justicia se declaró competente en la demanda de Tolhuin contra LEOLABS

La Municipalidad de Tolhuin promovió una demanda de ejecución fiscal contra LeoLabs Argentina S.R.L. para reclamar el cobro de una multa por la instalación del radar y solicitar, además, su demolición. Luego de que el juez local se declarara incompetente, el Superior Tribunal de Justicia asumió la causa —sin la participación del Dr. Löffler— y quedó al frente de un expediente de fuerte impacto político, legal e institucional.

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La disputa judicial entre la Municipalidad de Tolhuin y la empresa LeoLabs Argentina S.R.L. sumó un nuevo capítulo institucional: el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió asumir la competencia originaria en la causa iniciada por el Ejecutivo municipal, que reclama el cobro de una multa y pide además la demolición de las antenas instaladas en un predio de la localidad.

La presentación fue realizada por el intendente Claudio Daniel Harrington, con patrocinio letrado, mediante una demanda de ejecución fiscal en la que el Municipio reclama a la firma el pago de $868.000 más intereses, y solicita que se autorice judicialmente la demolición de las estructuras emplazadas en la Parcela 116 E, Sección R de Tolhuin. Según surge del escrito, la acción se apoya en actuaciones administrativas previas vinculadas a una supuesta obra ejecutada sin cumplir los trámites y autorizaciones exigidos por la normativa local.

El conflicto tiene como antecedente un expediente administrativo iniciado en agosto de 2023 por la Unidad Administrativa de Control de Faltas del Municipio, caratulado “LeoLabs Argentina S.R.L. s/ Obra Irregular”. Allí consta un acta de infracción labrada por el área de Obras Particulares, en la que se dejó asentado que en el lugar se observaba un acceso a la obra, movimiento vinculado al cerramiento del predio y la implantación de antenas, pese a que -según el acta- la obra se encontraba clausurada preventivamente. También se acompañaron fotografías del predio y de las instalaciones relevadas por inspectores municipales.

De acuerdo con la demanda, tras esas actuaciones se desarrolló el procedimiento administrativo correspondiente: la empresa fue citada, presentó descargo por escrito y luego se dictó un acto administrativo que la declaró responsable por la infracción, aplicando una multa de 1.000 Unidades Punitorias y la sanción accesoria de demolición. El Municipio sostiene que ese acto quedó firme tras el rechazo del recurso de reconsideración planteado por la firma y que, una vez vencido el plazo para abonar la multa, quedó habilitada la vía judicial para exigir su cobro.

Sin embargo, el trámite judicial no quedó inicialmente en el juzgado de Tolhuin. El juez José Silvio Pellegrino se declaró incompetente para intervenir y entendió que la controversia no debía analizarse como un interdicto de obra nueva ni como una cuestión civil común, sino como un conflicto regido por el derecho administrativo. En su resolución, señaló que lo que el Municipio busca hacer valer es el incumplimiento de obligaciones administrativas vinculadas a una obra dentro del ejido urbano y, por esa razón, remitió el expediente al Superior Tribunal de Justicia.

Esa postura fue luego convalidada por el propio Superior Tribunal, en el marco del expediente N° 4700, declarándose competente para intervenir en la causa “Municipalidad de Tolhuin c/ LeoLabs Argentina S.R.L. s/ Contencioso Administrativo” notificando a las partes el pasado 30 de marzo.

La resolución del Superior tribunal de Justicia fue firmada por los jueces María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Muchnik y Edith Cristiano y notificada al apoderado de Leolabs, Dr. Pablo Bilbao, el 1 de abril.

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