Lo que muchos portales que repiten gacetillas maquilladas de «buenas noticas», o como un «esquema de aumentos escalonados» es, en realidad, una retirada del Estado de su rol de garante de un servicio vital. En una provincia donde el frío no es una opción sino una condición de vida, el gas no es un lujo: es un derecho básico de supervivencia.

«Para amortiguar el golpe al bolsillo de los hogares» y evitar un salto tarifario de una sola vez, las autoridades diseñaron una escala de adecuación escalonada. El nuevo calendario de precios por kilogramo arranca este mes con un valor de $120 y subirá a $160 durante el trimestre que va de mayo a julio. Posteriormente, el costo pasará a $180 entre agosto y septiembre, saltará a $220 en octubre, llegará a los $250 en noviembre y cerrará el año en diciembre con un precio de $300 por unidad de medida.

Desde la cartera económica justificaron la decisión bajo un contexto de fuerte «restricción de recursos y elevada presión sobre el Tesoro Provincial», lo que obliga a revisar la eficiencia en el reparto de las ayudas estatales. El propósito de la gestión es focalizar el auxilio financiero en el acceso básico para aquellas familias que dependen de las garrafas o los zepelines por falta de infraestructura de red, intentando cuidar la disponibilidad de fondos «sin comprometer las arcas públicas».

Resulta paradójico que la gestión provincial, que en otros ámbitos suele levantar banderas de soberanía, hoy se muestre tan dócil al aplicar la receta nacional de ajuste sobre los sectores que aún no tienen acceso a la red de gas natural. Esta «sintonía» entre Melella y el Gobierno Nacional deja a las familias de los barrios populares atrapadas en medio de una pinza económica: precios que suben y salarios que se estancan.

Los números del abandono

El nuevo esquema no solo aumenta el valor de la carga, sino que erosiona la capacidad de planificación de los hogares. Al ser aumentos mensuales y progresivos:

• Se elimina la previsibilidad: Las familias ya no saben cuánto deberán destinar de su magro presupuesto al mes siguiente.
• Se profundiza la desigualdad: Quienes ya sufren la falta de infraestructura urbana (cañerías de red) son ahora castigados doblemente con precios que tienden a la «paridad de mercado» en un recurso que nace del propio subsuelo fueguino.
• Contexto de vulnerabilidad: Esta medida se toma en el peor momento posible, con una inflación que golpea la canasta básica y una recesión que amenaza el empleo local.

La liviandad de la gestión energética

La decisión de oficializar estos aumentos demuestra, una vez más, una alarmante falta de peso político para defender un precio diferencial para la zona productora. Mientras la provincia celebra récords de producción o anuncios de inversión en el offshore, sus propios ciudadanos deben hacer malabares para pagar una garrafa.

La sensación que queda en el electorado es de una profunda improvisación. Se gestiona la urgencia del déficit fiscal recortando lo más sensible, sin plantear batallas serias por el costo de la energía en origen o por la aceleración de las obras de red que terminarían, de una vez por todas, con la dependencia del gas envasado.

El esquema de aumentos escalonados es el certificado de defunción del «Estado protector» que el gobierno provincial supo pregonar. Hoy, la realidad muestra una gestión que elige el camino más fácil: trasladar el costo del ajuste a quienes menos tienen, justo cuando el invierno empieza a golpear las puertas de las casas fueguinas.

Bocadepozo