El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que confirmó que la recuperación de YPF para el Estado argentino era legal y estaba correctamente aplicada, no sólo le sacó a Argentina un peso de encima al evitarle pagar los 18 mil millones de dólares del juicio, sino que además destapó una olla de contradicciones políticas, verdades ocultas y posicionamientos del Gobierno de Javier Milei, que intentó colgarse el asunto como un logro de su gestión, cuando no parece ser eso lo que ocurrió. Además, los dólares de aquella estatización son los que explican, hoy, el superávit de balanza energética de Milei.
La situación de recuperación de YPF, que se inició por la decisión política de Cristina Kirchner a propuesta de Axel Kicillof, le complicó el relato al Gobierno actual porque hay elementos inocultables que muestran que Milei no sólo no sabía del fallo, sino que en paralelo a la acción de los procuradores –que se mantuvo en todos los gobiernos con la misma línea- evaluaba cómo pagarle el juicio al fondo buitre Burford. Ese fondo no sólo visitó la Casa Rosada, sino que varios enviados vienen desde principios de 2025 charlando con el ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, la historia tiene condimentos que se han valorado informativamente poco. Hubo tres países de peso que le adelantaron a la jueza Loretta Preska que el fallo contra Argentina era equivocado. El otro dato fuerte es que detrás de la estatización había un colapso de Repsol, que incluso en documentos propios sugería que había que vender Vaca Muerta. Que es una de las razones que motivó la decisión política de sacar a los españoles de la petrolera de bandera.
Es pertinente empezar el relato de la historia por esa parte. Cuando se decidió la estatización de YPF, Repsol ya estaba de salida de Argentina y sólo se había quedado con las estaciones de servicio. En sus documentos internos, concretamente un Powerpoint del que supo este diario, se veían dos cosas: la primera es que los españoles ya habían definido centrar la operación en otros países. La segunda y más fuerte, es que en ese archivo está, según cuentan quienes lo vieron, la idea de Repsol de poner Vaca Muerta a la venta. En aquel entonces, los españoles tenían un lobby fuerte en los medios y había al menos tres ex secretarios de Energía de gobiernos anteriores que tenían un vínculo muy cercano con la empresa. En la firma se encontró, de hecho, un listado de gente que cobraba por comunicar en favor de Repsol. Son los que combatieron dialécticamente la estatización con los argumentos de los gerentes de Antonio Brufau. También ese esquema de comunicación armó una retórica falsa de cómo el gobierno de CFK desembarcó en las oficinas de Repsol. No hubo gendarmería, y dos funcionarios de altísimo rango fueron recibidos sin menor problema por directivos de la empresa. Repsol sabía que la situación que tenía no era molesta. De hecho, hubo varias reuniones de Kicillof con Brufau donde lo que estaba en los documentos se confirmó.
Los alineados
Desde el 2014 en adelante, cuando los Eskenazi (accionistas privados argentinos que entraron a YPF con Kirchner) les vendieron el juicio a los británicos de Burford, hubo un alineamiento inédito de la idea del litigio entre las Procuraciones de todos los gobiernos. Hay un dato que muestra lo exitoso de esa articulación: en el gobierno de Alberto Fernández se empezó a negociar el apoyo de países importantes en la disputa de Argentina y Burford por YPF. Esa negociación se cristalizó en marzo del 2024, cuando aparecieron Amicus Curiae de 4 países de la región. Presentaron documentos de apoyo los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. Y además se firmó otro por todas las provincias argentinas que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, el del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y los de académicos estadounidenses y argentinos especialistas en las ramas del derecho internacional y doméstico relevantes para el caso.
Lo novedoso de eso es que muestra una mirada común de esos países, todos con gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas. En los textos que consiguió este diario, hay una línea coincidente: todos los amicus advierten sobre la amenaza que la línea de la jueza Preska le traía no sólo a Argentina sino a todo el sistema. Los cuatro amicus piden, además, que se revoquen las decisiones de la magistrada estadounidense. Argumentan algo que ni siquiera fue sólido en el discurso público del gobierno de Milei: que el asunto no debió juzgarse en Estados Unidos (Preska lo llevó con el argumento de que YPF cotizaba tambié allí) y que la jueza interpretó mal las leyes argentinas en cuanto al sujeto expropiaciones y sociedades. Esos argumentos son bastante parecidos, por caso, a los que planteó Bernardo Saravia Frías, el procurador en la era del PRO. Es curioso, o no, pero Mauricio Macri, aun sabiendo eso y viendo el fallo de la Corte de Apelaciones, salió a decir exactamente lo contrario.
La fallida operación “fue Trump”
En las últimas horas, y ante el desconcierto por el fallo, el gobierno de Milei salió a vender en off que la decisión de la justicia estadounidense está conectada con el alineamiento geopolítico de los libertarios con la administración Trump. Eso tiene un vicio inicial, que es el de un estado cualquiera, como Argentina, jugando con el rumor de que Trump maneja a los magistrados de su país. Además, dato de color y una paradoja: dos de los tres jueces que fallaron a favor de Argentina son filo demócratas, y el que votó en contra está alineado con los republicanos.
El segundo vicio del asunto es que Milei no tenía ni idea de que la decisión iba a darse, por eso hacía tiempo venían calculando cómo pagarles el juicio a los buitres. La hipocresía y el desborde oficial es tal que el viernes a la tarde, una persona muy cercana a Caputo se animó a pedir una bebida espirituosa en Hacienda, para brindar por el fallo que valida la estatización.
Este diario adelantó el año pasado que hubo reuniones con Burford en despachos oficiales y en Hacienda, con operadores del litigante. El 19 de diciembre del 2023 el procurador Rodolfo Barra recibió al fondo Burford en su despacho. “Manifestación de la posición de Burford y de la Administración Concursal sobre la ejecución de la sentencia de septiembre de 2023 en el caso Petersen”, fue la razón del encuentro. Fue parte del mitin Rodrigo Caminal Olivares, en representación del estudio jurídico Kepler Karst, que defendía a Burford y a los Eskenazi.
Luego Barra fue corrido de la procuración por razones que aún no se conocen, pero que tienen que ver con el caso YPF. En paralelo a esas acciones, el ministro Caputo había armado un esquema de cálculo para evaluar cómo pagarle a Burford. Fueron varias las reuniones que el funcionario mantuvo con “Gerry” Mato. Lo curioso es que ese operador y Caputo dialogaban sobre cómo acordar por fuera del juicio. Es decir, no sólo inicialmente Milei quiso privatizar YPF, sino que luego quería pagar sí o sí, pero con una quita. Mato y Caputo se conocen de años de aventuras en Wall Street. “Gerry” trabajó mucho tiempo en el HSBC, Caputo en el JP Morgan. Caputo evaluó al menos tres maneras de pagarle a Burford en encuentros con los operadores del fondo.
Los dólares de la estatización salvan a Milei
Los números del pre y post estatización de YPF muestran cómo el plan estratégico del 2012 cambió la balanza energética del país, cómo Milei hace hoy uso de esos dólares y refleja, además, lo que era la herencia de Repsol.
Entre 2002 y 2011, la producción de petróleo cayó 42 por ciento. Desde 2012 a 2015, subió 16 por ciento. En el caso del gas, el último tramo de Repsol muestra una caída de la producción de casi 40 puntos. Desde el 2012 al 15, subió 25 por ciento.
Repsol dejó a la compañía con una inversión algo superior a los 2900 millones de dólares. Desde que se estatizó hasta el 2015, la inversión creció un 96 por ciento y alcanzó los 5830 millones de dólares. También en la era estatal cayó 96 por ciento la distribución de dividendos para priorizar la re-inversión. Toda la herencia de Repsol generó un aumento de las importaciones que, sólo unos años después, logró revertirse gracias a la expropiación. Todo eso está en el plan que el kirchnerismo presentó en 2012. Milei está en la trampa de saber que detesta las estatizaciones, pero que son los dólares de Vaca Muerta los que le tiran un salvavidas. Uno más.
