Victoria Montenegro pasó sus primeros meses de vida en una dependencia policial. La habían secuestrado cuando tenía tan solo trece días. El operativo fue tan brutal que, cuando la sacaron de la casa de William Morris en la que vivía con sus padres, pensaron que estaba muerta: tenía los ojos abiertos y no parpadeaba; de sus oídos emanaba sangre. Varias semanas después, el militar a cargo del operativo, Herman Tetzlaff, y su esposa fueron hasta la Brigada Femenina de San Martín para buscar a la beba. Estaba al cuidado de una monja de una congregación de Morón. No estaba sola. Eran muchos los niños y niñas que estaban allí. En la Brigada se hablaba de “bebés voladores” para referirse a los chicos que no estaban registrados en los libros de guardia: tan desaparecidos como sus padres o madres. Fueron decenas los que estuvieron allí —secuestrados, sometidos a malos tratos o interrogatorios—. Si bien hace tiempo que se habla del lugar como un campo de concentración para niños, a 50 años del inicio de la última dictadura, lo que pasó en esa Brigada sigue siendo un misterio para gran parte de la sociedad y una deuda para el Poder Judicial.

El operativo fue el 13 de febrero de 1976. Todavía faltaba poco más de un mes para el golpe de Estado. Esa madrugada, Tetzlaff llegó a la casa que compartía con su esposa, María del Carmen Eduartes, y su hija mayor, y cambió su rutina: ese día habló. Habló del operativo y habló del “bebé”.

Recién en mayo —más de tres meses después— fueron a buscar a Victoria. La anotaron como hija propia y como si hubiese nacido el 28 de mayo de 1976, en la víspera del Día del Ejército. La beba fue entregada por el comisario Horacio Cella, que fungió, además, como su padrino. El bautismo se hizo en Campo de Mayo, el campo de concentración que tenía una conexión directa con la brigada femenina.

“Todo lo que sé sobre mis días en la Brigada Femenina de San Martín fue lo que me dijo mi apropiadora. Sería deseable que la justicia investigara y pudiera decirnos qué pasó con nosotros —los chicos y las chicas que estuvimos allí secuestrados”, dice Victoria Montenegro, que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Página/12.

“No sé si existió otro lugar por el cual hayan pasado tantos niños hasta que fueron reubicados y apropiados. Es una gran deuda en materia de investigación, porque el Poder Judicial debería asumir que la gran mayoría de los bebés que estuvimos allí no aparecieron”, añade Montenegro.

Horacio Pietragalla Corti también estuvo en la Brigada Femenina de San Martín. En su apropiación también jugó un rol clave Tetzlaff.

Horacio había nacido el 11 de marzo de 1976. Vivió hasta el 4 de agosto de ese año con su mamá, Liliana Corti. Ese día, ella fue asesinada. A Horacio —que no había cumplido cinco meses— lo llevaron hasta la Clínica y Maternidad Mayo. El lugar se había llenado de hombres armados.

El bebé llegó envuelto en una frazada. Estaba visiblemente alterado después de lo que había pasado. Las enfermeras le compraron ropa y lo bautizaron “Gastón”. Estuvo un par de días en la clínica hasta que los militares decidieron llevárselo. El director de la clínica puso reparos y reclamó que en el traslado participara una enfermera. La elegida fue Matilde Fernández, que subió al auto policial con el bebé en brazos. Lo llevaron hasta la Brigada Femenina de San Martín.

En paralelo, la casa de los abuelos maternos de Horacio había sido allanada. Durante el operativo, los represores se ufanaron de haber asesinado a Liliana Corti. El abuelo fue a buscar a su nieto a la comisaría de Villa Adelina. Allí le confirmaron que había sobrevivido. “La criatura tuvo un Dios aparte”, le dijo un policía a José Antonio Corti. “Todo lo que sé sobre lo que pasó conmigo fue gracias a la reconstrucción de mi abuelo”, dice Pietragalla Corti en diálogo con este diario.

Tetzlaff había separado al bebé para llevárselo a su cuñado, que, a último minuto, se retractó. El chiquito quedó al cuidado de quien era empleada de la familia Tetzlaff. Cuando Horacio supo que era hijo de víctimas del terrorismo de Estado, la mujer le confesó que habían ido a buscarlo a la Brigada Femenina de San Martín.

“Me contó que yo estaba en una cuna, y que una mujer le dijo que me llamaba Gastón. Tuve tres nombres: Horacio, Gastón y César. Pero soy Horacio”, resalta Pietragalla Corti.

La Brigada

“En relación con el rol que tuvieron las brigadas femeninas —en particular las de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como las de San Martín y La Plata, pero también las de otras provincias como Santa Fe, Mendoza y Córdoba—, en muchos casos estos espacios formaron parte del dispositivo concentracionario y funcionaron como verdaderos centros clandestinos”, explica Ana Oberlin, auxiliar fiscal en La Plata.

“En esos lugares hubo personas privadas de su libertad, no solo mujeres —muchas de ellas embarazadas—, sino también niños y niñas muy pequeños. A partir de las pruebas producidas en distintos procesos judiciales, se sabe que estos espacios alojaron bebés recién nacidos y chicos de corta edad. En algunos casos estaban junto a sus madres, también secuestradas; en otros, permanecían solos, en situación de desaparición”, añade Oberlin.

En mayo de 2023, el fiscal de San Martín, Miguel García Blanco Ordás, imputó a 24 militares por cerca de 300 casos de secuestros vinculados a Campo de Mayo. En esa imputación, García Blanco Ordás habló de violencias contra niños, niñas y adolescentes y sostuvo que, hasta el momento, se había constatado que al menos 50 chiquitos habían pasado por la Brigada Femenina de San Martín.

“En esos ámbitos, los niños y niñas también fueron sometidos a las lógicas propias del sistema concentracionario: padecieron distintas formas de violencia, incluyendo —según algunos testimonios— violencia sexual, además de tormentos, maltratos y procesos de despersonalización, similares a los que se registraban en otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio”, sostiene Oberlin.

“Durante muchos años, estas violencias específicas ejercidas sobre niños y niñas permanecieron invisibilizadas, especialmente en aquellos casos en que luego fueron recuperados por sus familias. Como consecuencia, en muchos de estos lugares aún hoy no se han desarrollado investigaciones judiciales profundas, ni han sido señalizados como los centros clandestinos que efectivamente fueron. Esta situación refleja, en parte, la invisibilización más amplia de lo ocurrido con las infancias durante el terrorismo de Estado”, concluye.

Bebés voladores

Gabriel Matías Cevasco nació el 14 de octubre de 1976. Fue secuestrado el 11 de enero de 1977 junto con su mamá, María Delia Leiva, militante y empleada de la fábrica textil San Andrés.

Gabriel fue llevado a la Brigada Femenina de San Martín. Se presume que estuvo allí durante un mes o un poco más. Hacia fines de febrero de 1977 fue llevado a Pergamino para ser apropiado por un matrimonio que vivía allá.

Quien materializó la entrega del bebé fue una policía de nombre Dina Edith Buffe, que, pese a ser suboficial, tenía cierta prédica dentro de la Brigada. Buffe era oriunda de Pergamino. Allí vivía su hermano también a pocos metros de la familia que se quedó con Gabriel.

En febrero de 1999, Gabriel decidió presentarse ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para comprobar que era hijo de una víctima del terrorismo de Estado. Su papá estaba vivo y pudo reencontrarse con él.

Como parte de la averiguación sobre su origen, Gabriel buscó el teléfono de Buffe y la llamó. La mujer policía admitió que lo recordaba, aunque dijo desconocer quiénes eran sus padres. En la Brigada, Buffe había rebautizado a Gabriel: lo llamaba “Carlitos”.

A través de otra persona, Gabriel supo que él no había viajado solo desde la Brigada Femenina de San Martín hasta Pergamino: en el viaje habrían trasladado a otros dos bebés.

“Sería bueno que se investigue el rol de la Brigada, al igual que el papel que jugaron los represores que fueron parte de ese circuito, para reconstruir la historia y las responsabilidades de cada una de estas personas”, opina Gabriel en conversación con Página/12.

En la justicia federal de San Martín hay una causa abierta sobre lo sucedido en la Brigada y el rol que habría desempeñado como un lugar de reclusión de niños y niñas víctimas del terrorismo de Estado.

“La Brigada femenina de San Martín, como otras dependencias policiales, fue un lugar de cautiverio para decenas de niñas y niños que traían de operativos ilegales en los que habían secuestrado o asesinado a sus padres. Ningún funcionario o funcionaria que haya tenido en sus manos el manejo del caso o expediente de cada chico cumplió su deber, que era inmediatamente localizar a sus padres. Y no lo hacían porque sabían que sus padres estaban secuestrados. Debían hacer la denuncia”, remarca el abogado querellante Pablo Llonto.

“Todo ello sin contar los tormentos padecidos por los pequeños. Ojalá lo más pronto posible se llame a indagatoria a los responsables de este eslabón del terrorismo de Estado. Aquellas niñas y niños ya tienen 50 años o más y llevan décadas esperando una respuesta de la justicia”, reclama Llonto.

Interrogatorios para niños

Martín Mendizábal es hijo de Horacio Mendizábal y Susana Solimano. Tenía ocho años cuando, en septiembre de 1979, una patota irrumpió en la casa que ocupaban con su mamá. A él se lo llevaron a un lugar que se cree que es la Brigada Femenina de San Martín.

En el lugar, Martín vio mujeres uniformadas y algunos niños más chiquitos que él. Compartió cautiverio también con una mujer joven, a quien solía ver con su bebé, llorando.

Durante los almuerzos, una de las policías solía acercarse para preguntarle quién era, quiénes eran sus padres, dónde vivían y qué hacía su padre. Hubo un episodio más violento. Un hombre con uniforme fue a verlo, se acomodó y apoyó el arma sobre la mesa. Comenzó entonces el interrogatorio. Como Martín contestaba con fórmulas elusivas, el represor empezó a decirle: “Mirá que los niños no mienten, ¿por qué estás mintiendo?”.

Durante el mes que pasó en el lugar, Martín también se enteró de que su papá había sido asesinado. Vio cómo aparecía la cara de Mendizábal en la televisión. Asustado, él se acercó hacia el aparato y bajó el volumen.

Otras niñas que estuvieron secuestradas —como las hijas de María Consuelo Blanco y Regino González— declararon haber visto a Martín en la Brigada. En el caso de ellas, al entregarlas en casa de sus abuelos, dejaron un papel que hacía referencia a esa dependencia policial.

En los últimos tiempos, las investigaciones sobre lo sucedido con los niños, niñas y adolescentes empezaron a tomar envión. A principios de mes, la justicia federal de Mendoza procesó a quince represores por lo que padecieron 56 chicos en esa jurisdicción. La violencia contra las infancias se dio en todas partes del país, como lo muestra el documental que produjo Página/12, Un viaje al infierno, que recupera las historias de Teresa Laborde Calvo, Alejandrina Barry, Daniel Santucho Navajas, Angela Urondo Raboy, Fernando Pérez y Victoria Couto. Todos ellos pasaron por los campos de concentración o sufrieron tormentos por parte de los represores.

Terror infantil

Carmela Ramos no había cumplido seis años cuando fue secuestrada con su hermano Vladimiro, dos años mayor que ella. Su mamá, Ana María Martí, llevaba más de un año en poder de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los dos chiquitos estaban al cuidado de la pareja compuesta por Diego Nadal y Élida Gramondi.

El 23 de septiembre de 1978 habían ido a un restorán en Escobar cuando llegó un grupo de tareas y se los llevó. Inicialmente estuvieron en Campo de Mayo. Todo indica que después fueron trasladados a la Brigada Femenina de San Martín.

Carmela había quedado al cuidado de “Dieguito”, el bebé de los Nadal. Como una pequeña madre, ella sufría con los llantos de hambre del bebito —a quien, en lugar de darle una mamadera de leche, le traían agua—.

El tiempo que pasaron en ese lugar fue una verdadera temporada en el infierno. Los trataban como esclavos, contó Carmela en la megacausa de Campo de Mayo. Debían limpiar, barrer, cebar mate, sacarles los zapatos a las policías que estaban a su cargo. A ella le hacían revisar las bolsas que las visitas les llevaban a las presas.

Después llegaban los castigos. Había golpes si no contestaban a las preguntas. También una policía que simulaba ser amiga de su mamá y quería sacarle información. Los bañaban con la ropa puesta y los dejaban horas mojados. “La integridad del niño obviamente no la respetaban”, dice, con una amargura profunda, desde Europa, donde vive.

En general, los apuraban a comer. La sopa caliente les quemaba las bocas. Había una cocinera que se apiadaba de ellos y les regalaba unas milanesas. Carmela las escondía sobre la piel y terminaba quemada por los resabios de aceite.

Se calcula que recién en noviembre de 1978 salieron de la Brigada. Fue a buscarlos Héctor Febres, represor de la ESMA, en un coche blanco. Hubo una pelea para dejarlos ir. “Fue un dramón porque no pude llevarme mi muñeca”, recuerda. En una quinta operativa de la ESMA, Carmela y Vladimiro se reencontraron con su mamá.

—¿Cómo describirías lo que pasó con los niños?– le pregunta este diario.

—Algo monstruoso–dice ella.

Un terror infantil que se había hecho la peor realidad. Cincuenta años después, ese terror está ahí. Solo podrá aplacarse con un poco de justicia.