Los hechos, iniciados en Formosa y continuados en Tierra del Fuego, fueron denunciados recién en 2023, una década después de ocurridos, cuando ambas víctimas ya eran adultas. El tribunal consideró probados los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción de la corrupción de menores, agravados por el vínculo y la condición de guardador.

Durante los alegatos, la fiscal Mariel Zárate hizo un pedido inédito en la provincia: solicitó 40 años de cárcel, fundamentándolo en la extrema gravedad de los crímenes, las profundas secuelas físicas y psicológicas, las amenazas para silenciar a las víctimas y el abuso de la posición de autoridad.

Sin embargo, los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández impusieron una pena de 20 años, la mitad de lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

Tras el veredicto, la fiscal Zárate anunció que aguardará la lectura de los fundamentos de la sentencia (prevista para el 25 de febrero) para evaluar la interposición de un recurso de casación ante una instancia superior.

La representante fiscal no descarta insistir con el pedido de 40 años de prisión, al considerar que la pena impuesta es insuficiente frente a la naturaleza aberrante de los delitos y el daño irreversible causado a las víctimas.