En el marco de la readecuación del sistema de servicios públicos, el Gobierno nacional ratificó un nuevo esquema tarifario para la energía eléctrica y el gas natural, que establece aumentos mensuales automáticos vinculados a la inflación. La medida quedó formalizada a través de resoluciones de la Secretaría de Energía y apunta a mantener los valores actualizados frente a la evolución de los precios.

El mecanismo de ajuste se basa en una fórmula polinómica que contempla tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), además de otros costos propios del sector. De esta manera, mientras persista la inflación, las facturas reflejarán incrementos periódicos sin necesidad de nuevas decisiones administrativas.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la modificación del sistema de segmentación. A partir de enero de 2026, el Gobierno avanzará hacia un modelo simplificado con solo dos categorías de usuarios: subsidiados y no subsidiados, dejando atrás la división en tres niveles. Los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales mantendrán beneficios, aunque con límites de consumo más acotados.

Desde la cartera energética explicaron que la actualización permanente de tarifas busca recomponer el atraso acumulado y garantizar la sustentabilidad del sistema, al tiempo que reduce el peso de los subsidios en las cuentas públicas y el déficit fiscal.

En cuanto al impacto, los hogares de ingresos medios y bajos sentirán el ajuste tanto por el aumento del precio del servicio como por la reducción de los bloques subsidiados. En el caso del gas natural, el efecto será más notorio durante el invierno, cuando el consumo se incrementa de manera estacional. Para comercios e industrias, en tanto, el traslado pleno de los costos de generación continúa presionando sobre los gastos operativos en un escenario de menor actividad económica.