El juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Pablo Atchabahian, uno de los imputados en el denominado caso ANDIS, por el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, una causa que salpica de cerca a Karina Milei, secretaria de Presidencia, y a Diego Spagnuolo, de quien se difundieron audios comprometedores.
Cabe señalar que Atchabahian es un médico urólogo y exfuncionario del área de Salud, quien no había podido ser hallado y evitó de ese modo la ejecución de una orden de requisa en su domicilio. Una vez encontrado en Mendoza, fue detenido y se negó a declarar, por lo que quedó a disposición de la Justicia bajo prisión domiciliaria.
«Esta persona conoce de la existencia de este proceso y mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional. A ello se suma, una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice», indicó el magistrado a cargo de la causa.
Y añadió: «Tales circunstancias, sumado al riesgo derivado de una severa calificación jurídica que lo aleja del supuesto previsto por el artículo 282 del CPPN, justifican la detención para que este imputado reciba la intimación propia de la declaración indagatoria y se someta al proceso».
Los citados a indagatoria por la causa de coimas en la ANDIS
- Pablo Atchabahian
- Miguel Ángel Calvete
- Diego Orlando Spagnuolo
- Daniel María Garbellini
- Eduardo Nelio González
- Lorena Di Giorno
- Roger Edgar Grant
- Luciana Ferrari
- Federico Maximiliano Santich
- Guadalupe Ariana Muñoz
- Patricio Gustavo Rama
- Ruth Noemí Lozano
- Andrés Horacio Arnaudo
- Silvana Vanina Escudero
- Alejandro Gastón Fuentes Acosta
El fiscal federal Franco Picardi detectó graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, solicitó las indagatorias y ordenó nuevos procedimientos. Detectó una organización delictiva, con direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto consto y sobreprecios. También el pago de sobornos a los funcionarios públicos.
Todo esto en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacidad adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).
