Un escándalo sacude a las fuerzas federales en Córdoba: 23 gendarmes fueron detenidos e imputados por integrar presuntamente una red de cobro de coimas a camioneros en distintos puestos viales de la provincia.

La investigación, encabezada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, destapó un esquema de corrupción que habría funcionado durante varios meses.

De acuerdo con la causa, los efectivos exigían pagos de entre 50 mil y 600 mil pesos para permitir la circulación de camiones sin aplicar sanciones, especialmente en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8. Algunos de los detenidos cumplen prisión preventiva en Bouwer, mientras que otros permanecen con arresto domiciliario.

Una investigación que comenzó con una denuncia

Según informó La Voz, el caso se originó en febrero pasado, cuando un camionero denunció ante la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo del fiscal Rodolfo Cabanillas, haber sido víctima de extorsión por parte de agentes de Gendarmería.

Tras la denuncia, se desplegaron 20 allanamientos simultáneos en las localidades de Sampacho, Holmberg y otras rutas provinciales, e incluso en Santa Fe, Catamarca y Salta, donde también se detectaron irregularidades.

Inicialmente, la causa contaba con 14 gendarmes detenidos, entre ellos la jefa de seccional Analía Galian, pero con el avance de la investigación el número de implicados creció a 23.

Cómo era el circuito de coimas

Según la hipótesis de los investigadores, los gendarmes detenían a camioneros alegando supuestas irregularidades documentales o técnicas, y a cambio de no labrar infracciones les exigían dinero en efectivo o transferencias bancarias.

Las operaciones se realizaban, en muchos casos, a través de cuentas de terceros que actuaban como «testaferros», con el fin de ocultar el destino del dinero.

Los delitos por los cuales se los acusa incluyen asociación ilícita, extracciones ilegales y abuso de autoridad. Los fiscales no descartan nuevas imputaciones y eventuales cambios dentro de la estructura de Gendarmería en los próximos días.

De acuerdo con fuentes judiciales, la red habría funcionado bajo un sistema interno de “cohecho de controles”, mediante el cual los efectivos rotaban turnos y puntos de control para distribuir la recaudación de manera encubierta.