El propio Gobierno tuvo que salir a aclarar la medida luego de que trascendiera que el incremento alcanzaría hasta un millón de pesos mensuales para los cargos más altos, mientras que los jubilados apenas recibirán un aumento de 5.000 pesos y los trabajadores estatales, 40.000.
Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron apaciguar el malestar dentro del espacio político que encabeza Melella. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se desató una ola de reproches cruzados entre el entorno del gobernador y el del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, principal figura del kirchnerismo fueguino.
Ambos sectores comenzaron a deslizar sospechas sobre quién impulsó realmente la reactivación del mecanismo que vincula los sueldos de los funcionarios políticos con los del Escalafón Profesional Universitario (EPU), una decisión que fue interpretada como un “error político” en plena campaña electoral.
“El costo político fue altísimo y nadie se hace cargo de quién lo propuso”, admitió un dirigente del oficialismo provincial, que pidió mantener el anonimato.
Mientras tanto, los sindicatos estatales y los gremios docentes volvieron a manifestarse en reclamo de mejoras salariales, señalando la contradicción entre los aumentos otorgados a los funcionarios y la situación de los trabajadores públicos.
En medio del escándalo, el decreto 2125/25 no solo reavivó el malestar social, sino que además expuso las fracturas internas dentro del espacio de gobierno, justo cuando Melella y Vuoto intentan mantener la unidad de cara a un año político clave en Tierra del Fuego.
