El abogado Francisco Ibarra, representante legal del intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, brindó declaraciones radiales para aclarar la situación judicial que involucra al jefe comunal y a otros funcionarios municipales.
En primer lugar, Ibarra remarcó que actúa a título personal como abogado del Intendente y de los imputados, y no como representante del municipio. Asimismo, desmintió informaciones que circularon en algunos portales sobre una supuesta “orden judicial de restitución” del terreno en disputa: “No hubo ninguna orden judicial de restitución. Ese trámite está en el Superior Tribunal de Justicia en Ushuaia. El municipio ya había revocado la adjudicación en abril de este año”, aclaró.
“Es una intencionalidad política”
Consultado sobre las versiones que hablaban de un inminente procesamiento y hasta de una inhabilitación de por vida, Ibarra fue contundente: “Decir que habrá inhabilitación es contar el cuento desde la última hoja. Estamos recién en plena etapa de investigación, se están ofreciendo pruebas. No existe delito, lo que hay son cuestiones administrativas que se resuelven en otra vía. Hablar de inhabilitación es parte de una intencionalidad política”.
El letrado sostuvo que los dichos de la querella responden más a un clima electoral que a fundamentos jurídicos: “Estas afirmaciones son apresuradas y con clara intencionalidad política. Se busca perjudicar al Intendente en medio de la campaña”.
Dos causas distintas
Ibarra explicó que actualmente existen dos expedientes en trámite:
• Una causa penal en Tolhuin, por presunta usurpación por despojo y abuso de autoridad.
• Una acción contencioso-administrativa en Ushuaia, donde se discute la revocación de un terreno fiscal.
“Son instancias distintas que algunos actores intentan mezclar para confundir a la opinión pública. En lo penal defendemos la inocencia de los funcionarios; en lo administrativo se discute la legalidad de la revocación”, señaló.
Confianza en la defensa
El abogado concluyó que la estrategia de la defensa apunta a demostrar que no existió delito alguno: “Estamos convencidos de que aquí no hubo delito. Lo demás es ruido político”.
Finalmente, aclaró que la decisión administrativa adoptada por el Municipio tuvo como objetivo ceder el predio abandonado en beneficio de un centro de jubilados, y que para ello ya se presentó en el Concejo Deliberante de Tolhuin el correspondiente proyecto de donación.
De esta manera, Ibarra no solo desmintió las versiones sobre un supuesto avance judicial grave contra Harrington, sino que también puso el foco en lo que considera un uso político de la denuncia en plena campaña electoral.
