Un abismo numérico que duele en la vida cotidiana
Según mediciones recientes, la canasta del jubilado (estimada por estudios especializados) fue de $1.200.523 en abril de 2025. Actualizada por subas recientes, alcanza una proyección cercana a $1.270.000 en los meses siguientes. Frente a eso, el haber mínimo nacional informado para agosto 2025 asciende a $314.305,37; con un bono extraordinario de $70.000 pasa a $384.305,37, una suma que —aun así— queda $816.217,63 por debajo de la canasta medida en abril y $885.694,63 por debajo si se toma la proyección de $1.270.000.
En términos porcentuales: con el bono el jubilado que cobra la mínima cubre apenas el 32% de la canasta estimada en abril; sin el bono, la cobertura cae al 26,2%. Es decir: la mayor parte de los jubilados vive con ingresos que alcanzan para poco más de un tercio de lo que realmente necesitan.
Tierra del Fuego: vivir en el sur cuesta y mucho
El sur no es lo mismo que el resto del país. Un relevamiento de precios en la región arrojó un “changuito tipo” de $751.937 en Tierra del Fuego (julio 2025). Con el bono, un jubilado mínimo cubre alrededor del 51% de ese changuito: la mitad de lo necesario para la vida diaria en la provincia más austral. Y eso sin contar medicamentos, servicios y transporte, rubros que suelen pesar más en bolsillos con movilidad limitada.
Medicamentos, PAMI y la erosión del poder de compra
La gravedad se profundiza en salud: los medicamentos y la atención son el gasto que más crece para los mayores. En 2024–2025 se registraron aumentos de hasta 383% en ciertos canastos de fármacos, con subas muy superiores a las de los haberes. La reciente quita de la cobertura del 100% en medicamentos por parte de PAMI golpea de lleno a quienes más dependen de esos remedios; donde existan sobreprecios o faltantes, el ajuste lo terminan pagando los jubilados con su bolsillo y su salud.
A esto se suman los escándalos por compras de fármacos con sobreprecios: la corrupción sistémica en la cadena de adquisición no es una cuestión abstracta, dijo la especialista consultada, porque reduce el acceso real a tratamientos y aumenta el gasto directo de las familias.
Lo que dice la especialista: no son “privilegiados”, son motor económico
La experta (Tundis) lo sintetiza con crudeza: los adultos mayores sostienen parte importante del consumo formal —comercios, servicios, el circuito sanitario— y sin embargo suelen ser vistos por las autoridades como un pasivo. Además, los incrementos otorgados en los últimos meses, según su lectura, no son “mejoras reales”: fueron compensaciones parciales por lo que ya se perdió. Si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad anterior, la mínima hoy estaría en torno a $430.000 y no en los $314.305 base.
Tundis apunta también al origen del déficit: no son las jubilaciones, sino la alta informalidad laboral. De 17–18 millones de personas en edad de aportar, menos de la mitad aporta efectivamente; eso erosiona el sistema antes que el gasto previsional en sí.
Moratorias y dignidad: no es regalar, es reparar trayectorias laborales
Sobre las moratorias, la especialista defendió su continuidad: no se “regala” nada; las cuotas son altas y se ajustan con cada aumento. La mayoría de quienes accede a ellas tenía 12–14 años de aportes y terminó sin completar los 30 años por crisis, cesantías o trabajo informal. Cortarlas sería borrar parte de la realidad laboral argentina.
El efecto político y social: decepción y resignación
Hay un desencanto claro: según la especialista, mitad de los jubilados sigue creyendo en el cambio, la otra mitad está decepcionada y algunos incluso dicen que prefieren no votar. La ola de resignación crecerá si la brecha financiera no se cierra, y eso tiene un costo social y democrático: un sector que fue clave en el consumo y la comunidad comienza a desconectarse.
Cierre: la rueda virtuosa que nadie quiere ver
La especialista lo dijo con pocas vueltas: la economía formal se retroalimenta del consumo de los adultos mayores, pero en las decisiones oficiales muchas veces se los sigue tratando como un gasto a recortar. Si no se asume la magnitud del problema —y la necesidad de medidas estructurales, no sólo parches—, la crisis no solo continuará: se profundizará, con consecuencias humanas que ya no podrán leerse en estadísticas sino en calles, consultas médicas y en hogares que no llegan a fin de mes.
En Tierra del Fuego la foto es más nítida: precios más altos, mayor necesidad de servicios y una jubilación que, aun sumando bonos temporales, no alcanza para vivir con dignidad. Eso debería ser, hoy más que ayer, una prioridad de política pública.
Red23
