En medio de una sesión compleja para el Gobierno en el Senado, se cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y los legisladores que integran la Cámara alta pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto, según las estimaciones realizadas en base al flamante acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.
¿Cómo se arriba a dicha cifra? En abril de 2024, oficialismo y oposición pactaron sin chistar y en secreto un nuevo sistema y lo aprobaron en el recinto del Senado. Desde ahí, los haberes pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000.
En cuanto al desarraigo, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron en abril de 2024 una dieta más a las 12 actuales, como para “compensar” el aguinaldo. La única senadora que no entró en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.
Durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. Cuando eso cayó, los legisladores le tiraron la mochila a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien primero dudó -cuándo no- y luego estiró el freezer hasta el 31 de marzo. La titular de la Cámara alta deslizó en ese momento que la medida, adoptada durante el receso estival, era la última que tomaba y que una próxima decisión tendría ser de los propios bloques en una sesión.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel
En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de $9,5 millones en bruto. Esto generó el repudio de varios bloques, en particular, del Frente de Todos.
Villarruel invitó “a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”.
Desde varias bancadas -La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos silvestres provinciales- se desprendieron de dicho aumento y habrá que ver qué harán con el de las últimas horas. Casi todo el kirchnerismo no lo hizo -como adelantó este medio, excepto el riojano Fernando Rejal y Kirchner, que cobra su jubilación-, así como la oscilante santacruceña Natalia Gadano -de opositora a aliada del Gobierno libertario según el día-, quien fue consultada en reiteradas oportunidades en junio, sin respuesta desde su despacho. En la información oficial, no aparece entre las renunciantes. En resumidas cuentas, casi partidos en mitades.
En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000 para junio, julio y agosto, respectivamente. En tanto, para septiembre, octubre y noviembre, el porcentaje será -para cada mes- de 1,2%, con un bono remunerativo de $20.000. Un acumulado de 7,52%. De esta manera, el módulo quedará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 de las dietas es que se llega a los más de $10,2 millones en bruto, sin los descuentos correspondientes -como Ganancias- que disminuirán el sueldo en mano de cara a los primeros días de diciembre.
Durante la corriente semana, el líder del gremio APL, el kirchnerista Norberto Di Próspero -respetado por muchos y temido por tantos otros-, arrasó y fue reelecto. Es una buena noticia para Villarruel y también para el titular de Diputados, Martín Menem. Quienes conocen el paño deslizan que las relaciones, a pesar de las “quejas” de los sindicatos por los sueldos, es más que cordial.
