Al escándalo judicial que se desató a partir de la denuncia al juez Andrés Leonelli por la tenencia de material con contenido de pornografía infantil en una computadora personal, ahora se suma el irregular comportamiento de otro magistrado quien lo favoreció en una decisión para evitar que se profundice la investigación del caso.

A partir de lo sucedido, el fiscal Mayor, Fernando Ballestar Bidau, pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones, dictada el pasado 4 de julio, en la que fue rechazada la decisión de la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo para que sea sujeto a pericias un teléfono celular particular del juez Leandro Leonelli que fue secuestrado durante un allanamiento.

El pedido de nulidad surgió a partir de que se pudo comprobar que Leonelli es socio comercial del juez Alejandro Sergio Manuel Fernández, quien fue uno de los que votó en la resolución que favoreció al magistrado que es investigado en una causa penal por tenencia de material con contenido de pornografía infantil.

En su escrito, el fiscal Ballestar Bidau recusó al juez de Cámara, Alejandro Sergio Manuel Fernández, debido a “múltiples publicaciones periodísticas de la ciudad de Ushuaia que informan la posible sociedad comercial entre el Dr. Alejandro Sergio Manuel Fernández y el imputado en esta causa, Andrés Leonelli; he procurado por mis medios una copia simple del Contrato de Fideicomiso Edificio Glaciares del 15/12/2022, celebrado por Escritura Pública N° 1.292, ante la escribana Ana Laura Granero. A tenor del contenido de la misma, resulta claro la evidente sociedad de los nombrados y, por ello, solicito la inhibición y apartamiento de Alejandro Sergio Manuel Fernández para continuar entendiendo en autos”.

Cabe indicar que el Código de Procedimiento que debe ser observado por los magistrados indica que, si el juez tuviere “sociedad o comunidad con alguno de los interesados”, deberá apartarse de conocer en la causa.

“Por ello, siempre y cuando dicho contrato estuviera vigente a la fecha de la iniciación de la presente causa, corresponde admitir la recusación planteada”, sostiene el Fiscal en su escrito.

En su escrito, el Fiscal Mayor señala que, “teniendo en cuenta que la sociedad ha sido celebrada con anterioridad a la iniciación de la presente causa y que el Dr. Alejandro Sergio Manuel Fernández no se inhibió de conocer en la misma por los motivos expuestos supra, todos los actos procesales dictados en autos son nulos”.

Sociedad de jueces

La escritura del negocio inmobiliario tiene como socios a Paula Andrea Jiménez, esposa del juez jubilado Javier de Gama Soler. Otro socio es el doctor Andrés Leonelli, su hermano, Diego Raúl Leonelli; y aparece un cuarto socio que es el doctor Alejandro Sergio Manuel Fernández, integrante de la Cámara de Apelaciones.

Este Fideicomiso Glaciares tiene un emprendimiento ubicado en pleno centro de Ushuaia, en la calle gobernador Deloqui 995. Actualmente es una venta en pozo y allí los socios tienen la intención de realizar un amplio y moderno edificio de varios pisos de altura. En total son 30 departamentos en una distribución de siete pisos con cinco departamentos por piso, dos locales comerciales, dos ascensores y tienen además una frase que dice que se trata de “una oportunidad única para inversores que buscan un proyecto en la ciudad más austral del mundo”.

El doctor Alejandro Sergio Fernández, al igual que el doctor Aníbal Gerardo Acosta, firmaron una resolución el pasado viernes 4 de julio en la cual decidieron que no se haga una pericia informática a un segundo teléfono celular que le secuestraron al juez Andrés Leonelli.

Pericias al celular

En la causa penal que se instruye en el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación se pudo establecer que el juez Andrés Leonelli tenía en su poder 53 fotografías con material con contenido de pornografía infantil; explicando que las mismas corresponden a una investigación que desplegó cuando se desempeñó como juez en Río Grande, y que datan del año 2016.

El abogado que defiende a Andrés Leonelli, doctor Gustavo Ariznabarreta, pidió que, frente a la respuesta sobre el origen de las fotografías, se cierre con urgencia la causa, al entender que no se puede configurar delito el comportamiento de su cliente y, asimismo, avaló la negativa de Leonelli de que se proceda a peritar su teléfono Samsung.

Ahora, con el nuevo capítulo escandaloso que surge por el comportamiento de los jueces, quedará por resolver si se da curso al pedido de cierre de la causa o se procede a seguir profundizando la misma, para que exista total transparencia en una causa tan sensible.

Por lo pronto, lo sucedido en la Cámara de Apelaciones, siembra muchas sospechas y ayuda a tejer más la imagen sombría que la ciudadanía tiene del Poder Judicial.

Sería menester ahora, con lo sucedido con Alejandro Sergio Manuel Fernández, quien no se apegó a las normas que deben regir su obrar como juez, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego se expida en un nuevo comunicado para conocer si este tipo de conductas también es avalado por ellos.