«Nosotros participamos en una contratación en 2023 para el modular de Tolhuin, ganamos con la mejor propuesta, eso fue de junio 2023 a junio 2024. Pero cuando se vencía, en lugar de hacer una nueva licitación como corresponde, siguieron con nosotros por reconocimiento de gastos», explicó Martínez.

El reconocimiento de gastos es un mecanismo excepcional que se utiliza “en casos de emergencia, como una pandemia”, detalló el cooperativista. “No está regulado por la Ley 1015, que es la ley de contrataciones del Estado”.

Pese a haber presentado nuevamente la mejor oferta en una licitación posterior, esta fue dada de baja por el propio Ministerio de Salud. Desde entonces, siguen prestando servicios sin contrato formal.

«Así estuvimos todo el año pasado, la mitad del año pasado y este año también. Més a mes presentamos un presupuesto, luego facturamos, pero no hay contrato firmado. Y lo peor es que nadie nos responde absolutamente nada», sostuvo con indignación.

Según relató, en lugar de renovar formalmente la relación contractual, autoridades del hospital modular habrían ofrecido a las trabajadoras desvincularse de la cooperativa y pasar a trabajar como contratadas directas, con la promesa de una futura planta permanente.

«A nuestras compañeras las contactaron directamente, sin hablar con nosotros. Les propusieron dejar la cooperativa y pasar como contratadas. Es una práctica que se repite también en el hospital de Ushuaia», denunció.

Martínez advirtió que este tipo de contratación individual también incurre en irregularidades, ya que obliga a las trabajadoras a facturar como proveedoras del Estado sin tener otros clientes, cumpliendo horarios fijos, en una relación que se asemeja a un vínculo laboral encubierto.

«Cualquier abogado laboralista te va a decir que eso es trabajo en negro encubierto», afirmó. «Y lo peor es que ni siquiera sabemos qué responderles a nuestras compañeras, porque no nos dan respuestas. Les estamos diciendo que no les conviene, pero también entendemos que lo hacen por necesidad».

Esta situación, según expuso Martínez, se replica también en el ámbito educativo.

«En educación directamente los hacen entrar como voluntarios. Te pagan una ‘ayuda voluntaria’ y listo. No hay aportes, ni jubilatorios ni de salud. Por lo menos con el monotributo algo aportás».

Consultado por el alcance de la cooperativa, Martínez precisó que actualmente nuclea a unas 35 personas activas entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con otros contratos en curso, aunque en condiciones adversas:

«Seguimos prestando un buen servicio, nos siguen eligiendo, pero se nos hace difícil cuando el propio Estado no te da ninguna respuesta», concluyó.