El sábado 19 de octubre, el barrio San Vicente de Paul, en Ushuaia, vivió una noche de tensión y confusión cuando un grupo numeroso de personas irrumpió violentamente en la comisaría de Género y Familia N° 2, emplazada en la esquina de las calles Martín Fierro y Cipriano Reyes, exigiendo la aparición de un niño que, según afirmaban, le había sido sustraído a su madre. Los manifestantes, en su mayoría familiares de la mujer que aseguraba haber dado a luz reciéntemente, protagonizaron disturbios que causaron gran alarma en los vecinos de la zona.
El grupo ingresó al edificio policial, derribando una maceta y causando desorden en su interior. Luego, salieron a la calle y comenzaron a encender fogatas con pallets y cajones de frutas, mientras gritaban: «¡Queremos que aparezca el nene!». La situación se volvió aún más caótica cuando una columna de decenas de efectivos policiales se desplegó en el lugar, ante la posibilidad de enfrentamientos con los manifestantes.
El detonante de la protesta fue el convencimiento del hombre que lideraba la multitud de que su hija había dado a luz en una casa del barrio Dos Banderas y que el recién nacido le había sido arrebatado, según ella misma le había relatado. Ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades el hombre decidió organizarse con familiares y amigos para exigir respuestas en la sede policial. La inquietante llegada de una gran columna policial hicieron presumir a los vecinos que efectivamente se había producido el secuestro de un menor, según lo que le escuchaban exclamar a quien encabezaba el grupo.
Sin embargo, este medio pudo averiguar que no habría existido tal secuestro ni robo, posibilidad no obstante que fue investigada por la Justicia. Detrás del hecho en realidad existe una situación de otra índole.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que una vez agotadas todas las instancias en base a los dichos de la madre de la supuesta criatura recién nacida y al observar incoherencias que no conducían a ningún destino en la búsqueda, se decidió someterla a exámenes psicológicos y ginecológicos, concluyendo los médicos que las realizaron que en su cuerpo no hay señales de un reciente parto. Se descartó así la posibilidad de que hubiera dado a luz como ella afirmaba. Ante este hallazgo, el Juzgado recomendó que la mujer fuera internada en el área de Salud Mental para recibir atención especializada.
A pesar de la aclaración judicial, el caos vivido esa noche dejó una profunda conmoción en los vecinos. La irrupción de manifestantes, las fogatas y el despliegue policial masivo crearon una atmósfera de temor, mientras muchos daban por cierto el supuesto secuestro. Aunque la situación se calmó con el correr de los minutos, el miedo y la preocupación persistieron detrás de las cortinas, desde donde disimuladamente se filmaba y registraba fotográficamente lo ocurrido.
La situación reflejó cómo ciertos rumores, falsas alarmas o hechos velados pueden desatar el pánico en la sociedad, favorecidos por la falta de una comunicación clara y efectiva por parte de las autoridades policiales, a fin de evitar una escalada de tensión y confusión completamente innecesarias.
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