Lázaro Báez, empresario argentino condenado a 12 años de prisión en el caso conocido como la «Ruta del Dinero K», regresó a Santa Cruz para cumplir su condena bajo prisión domiciliaria. La Justicia le concedió permiso para trasladarse desde una residencia en el conurbano bonaerense a El Calafate, su ciudad natal.
El caso que llevó a su condena investigó la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, relacionados principalmente con contratos de obra pública en Santa Cruz y otras actividades económicas fraudulentas. La sentencia determinó que Báez y sus colaboradores emplearon una compleja red de sociedades pantalla y cuentas bancarias en el extranjero para blanquear estos fondos.
Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, desempeñó un papel central en estas operaciones, utilizada para adquirir bonos y otros activos que facilitaron la reintegración de los fondos al sistema financiero argentino con una apariencia de legalidad.
Además de la pena de prisión, Báez fue multado con 480 millones de dólares y se ordenó el decomiso de más de 61 millones de dólares, junto con otros activos vinculados a las actividades delictivas.
Durante su tiempo en prisión, Báez compartió pabellón en el penal de Ezeiza con su hijo Martín Báez, quien también enfrenta acusaciones relacionadas con el caso.