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Hizo una app en el penal de Piñero, la vendió por millones y pidió salir para terminarla

Un recluso santafesino logró un precontrato con una firma estadounidense y sus letrados pidieron morigerar sus condenas, para poder cumplir con el acuerdo.

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Un interno del penal santafesino de Piñero solicitó la libertad condicional argumentando que desarrolló una aplicación durante su reclusión y consiguió un precontrato con una empresa líder a nivel mundial en tecnología y redes sociales.

Según sus abogados defensores, Alejandro Impallari y Damian Andrés Vicente, el hombre depende de una morigeración en su condena para poder cumplir con los compromisos preasumidos con un conglomerado estadounidense, en el marco de negocios por una aplicación desarrollada por el recluso.

En la presentación, los letrados explicaron que la firma aprobó esta nueva aplicación, elaborada por su detenido con un celular obsoleto.

Con esto, estuvo en condiciones de aceptar el proyecto y asegurar un precontrato por el preso, con un primer desembolso de 300.000 dólares y la finalidad del monto pactado al entregarse la aplicación terminada.

¿QUÉ PIDIERON LOS ABOGADOS?

Impallari y Vicente explicaron que la entrega del proyecto final es el 7 de diciembre de este año y, para lograrlo, el recluso necesita contar con un buen servicio de internet y emplear al menos a 20 personas, con amplios conocimientos en la programación bajo determinados lenguajes.

En este marco, brindaron una alternativa en caso de que no se pueda morigerar su condena y es que, para finalizar el proyecto, haya al menos en el domicilio de la madre donde cumpliría la medida un empleado judicial con conocimientos en el tema, un policía y que se le coloque un dispositivo de control.

Una vez que perciba el primer desembolso de la empresa estadounidense, el defendido ofreció u$s25.000 para resarcir a sus supuestas víctimas, otros u$s25.000 a la Policía de la Provincia de Santa Fe por comprar autos de dudosa procedencia, un montó no trascendido al Poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, u$s25.000 para los abogados defensores y u$s200.000 para todas las personas empleadas.

Finalmente, los abogados aclararon que el proyecto de aplicación desarrollado por el preso será presentado a la brevedad al presidente de la Nación, Javier Milei.

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