En la actualidad, nuestro país atraviesa un periodo político marcado por la falta de sutileza en la discusión de temas cruciales, tales como procesos militares, negacionismo, derechos humanos y el respeto a la democracia. En este contexto, en Tierra del Fuego observamos una postura afín promovida por el candidato Javier Milei y su vicepresidenta. Esta postura se caracteriza por menospreciar y agraviar a los partidos políticos, así como a los gremios y sindicatos.

Hemos afirmado repetidamente en este medio que «Solo la verdad nos hará libres» y que únicamente la democracia puede asegurar una convivencia estable en un Estado. Sin embargo, resulta inevitable vincular ambas premisas y exponer de manera clara y directa las conductas similares que están teniendo lugar en diversas regiones del país, impulsadas por un sector político que ha resurgido en tiempos recientes.

Hace unos días, algunos miembros o asesores del Observatorio Malvinas han estado compartiendo una nota firmada por los presidentes de los Centros de excombatientes de Ushuaia y Río Grande. En dicha nota, se busca silenciar a las voces gremiales y políticas que participan en los debates del Observatorio Cuestión Malvinas, el cual asesora al poder ejecutivo en relación con la causa Malvinas. La intención detrás de esto es sería: expulsar a dichas voces del Observatorio.

Es importante señalar que, a 40 años de la recuperación de la democracia, la «Onda Milei» ha llegado a la provincia de Malvinas.

La actitud «selectiva» y nostálgica hacia otros tiempos en nuestro país parece acechar, esperando el momento oportuno para manifestarse de diversas maneras y promover actos totalitarios. Aquí les advertimos sobre el uso de argumentos que pueden ser empleados con ese propósito.

Los presidentes de los Centros de Combatientes de Ushuaia y Río Grande, Conrado Zamora y Raúl Villafañe, respectivamente, han redactado una carta firmada en la cual presentan una serie de consideraciones y apreciaciones que resultan incomprensibles. Estas justifican un «Objetivo fijado de forma conjunta entre la Comisión 7, presidida por el miembro de la RAP Federico Sciurano y amparadas claramente por el ejecutivo provincial» el cual consiste claramente en la expulsión del CAOCM de los Partidos Políticos, Sindicatos y representantes de los Consejos Deliberantes de la provincia.

La «Llamativa actitud» de los Centros de Veteranos de Guerra al presentar este proyecto de Ley de modificación de la actual norma 836 a la Legislatura, más precisamente a la Comisión 7, se da en un contexto clave: «La adhesión del Observatorio Consejo Asesor Cuestión Malvinas a las resoluciones emitidas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, El emitido por el Concejo Deliberante de la ciudad de Tolhuin y por el Emitido desde la Ciudad Ushuaia«.

No es un aspecto trivial que Federico Sciurano, presidente de la Comisión 7 de la Legislatura, interprete las manifestaciones de los Ediles acerca del Radar Inglés en Tolhuin como una carga adicional de responsabilidad, dado que solicitan explicaciones y la apertura de una investigación exhaustiva sobre el tema, y él se niega de manera sistemática a llevar a cabo dichas acciones.